Buscan frenar un convenio entre el Grupo y el gobierno porteño que tramita en la Legislatura local para cambiar las normas urbanísticas del predio
Organizaciones ambientales y políticas presentaron un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para «declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación» la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde sus propietarios, el Grupo IRSA, buscan construir una urbanización con edificios de hasta 45 pisos.
Entre las organizaciones que presentaron el proyecto se encuentran el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTAA) de la región Capital.
La iniciativa ingresó ayer por la tarde a la Legislatura y, en ella, sus autores argumentaron que la parcela del Grupo IRSA se ve afectada por el artículo 1.974 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que «el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad».
Es que el predio se encuentra en la Costanera del Río de la Plata, al sur de la Reserva Ecológica existente, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y frente a la urbanización de lujo Puerto Madero.
La ciudadanía en su ejercicio de la democracia ambiental quiere una Costanera Verde Pública.Apoyen el proyecto con su firma. Gracias!@sztajnszrajber @Intibonomo @jovenesclimarg @fff_caba @FFFArgentina @XrArgentina @museodelhambre @ecohouseok @almundolavuelta @bastademutilar pic.twitter.com/WyNpdVhp55
— Obs Der a la Ciudad (@observatorioODC) August 11, 2021
Nulidad del convenio urbanístico
En este sentido, las organizaciones también citaron dos artículos de la Constitución porteña: el número 8, el cual dispone que los «espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación«, y el número 27, que establece la «protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común».
En base a estas y otras normas, las organizaciones pidieron que se declare la «nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal».
Así, buscan frenar un convenio entre el Grupo IRSA y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que actualmente tramita en la Legislatura local para cambiar las normas urbanísticas del predio, habilitado hasta el momento solo para actividades deportivas, y habilitar allí un conjunto de edificios que con formarían la urbanización promovida como «Costa Urbana».
Una resolución de la justicia porteña determinó que primero debe hacerse un estudio de impacto ambiental
Conflicto judicial
El tratamiento legislativo de ese acuerdo se encuentra suspendido, ya que una resolución de la justicia porteña en primera instancia determinó, haciendo lugar a una acción de amparo presentada por el ODC y otras organizaciones, que primero debe hacerse un estudio de impacto ambiental.
Ante este conflicto judicial, el bloque oficialista en la Legislatura (Vamos Juntos) decidió «reservar el expediente en secretaría» a la espera de mejores condiciones para su tratamiento.
Por el otro lado, el proyecto para crear una reserva ecológica en el predio, cuenta con la adhesión de casi 200 organizaciones de la Ciudad, entre las que se encuentran Eco House Global, Fundación Rumbos, Mesa de Mujeres del Barrio Rodrigo Bueno, Partido Humanista CABA, Partido Solidario, Partido Verde Argentina, Sindicato Argentino de Docentes privados (Sadop), Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Vecinos Autoconvocados de Barrio Olímpico y Vecinos Contra Mega Estadio Arena Villa Crespo.
Además, adhirieron de manera individual más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos porteños.
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